Legisladores de Morena y PT reiteraron que la reforma judicial va adelante, destacando que la elección popular de jueces, magistrados y ministros es un mandato del pueblo.
En contraste, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtieron que sustituir a más de 1600 juzgadores federales de un golpe generaría un desajuste significativo en la impartición de justicia. Señalaron que una reforma mal hecha podría convertir a la justicia en una subasta de jueces y magistrados, y que el método de elección popular comprometería la imparcialidad debido a los compromisos políticos y con el elector.
Durante la inauguración de los “Diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial”, un sector de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura sugirió que, ante la intención de la mayoría de aprobar la reforma, la sustitución de juzgadores se realice de manera escalonada. No obstante, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz apoyaron abiertamente la reforma, argumentando que democratizará el Poder Judicial, actualmente susceptible al tráfico de influencias.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, enfatizó que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial y pidió una crítica honesta y fundamentada del Poder Judicial de la Federación (PJF). El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se opuso a la elección de jueces mediante voto popular, advirtiendo que generaría un desajuste significativo y propuso una sustitución escalonada.
El debate en torno a la reforma judicial continúa con posturas divididas entre los legisladores de Morena y PT y la mayoría de los ministros de la SCJN, quienes buscan una implementación cuidadosa y gradual para evitar desajustes en el sistema de justicia.
Por Amanda Pérez
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