A pesar de la clara recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar la subcontratación en el gobierno federal, los datos revelan que el outsourcing sigue siendo una práctica común en la administración pública. Según información recabada, en 2023, uno de cada tres contratos gubernamentales se realizó a través de la subcontratación, y hasta la fecha, más del 70% de los convenios de este año han seguido este modelo.
El año pasado, se registraron 154,987 contratos en la administración pública federal, superando los 305,129 millones de pesos. De estos, 54,802 contratos fueron destinados a servicios con empresas externas, alcanzando una cifra que supera los 139,323 millones de pesos.
En lo que va de 2024, ya se han firmado 2,547 contratos con el gobierno por más de 29,719 millones de pesos, siendo el 73% de ellos relacionados con servicios, totalizando mil 867 contratos por más de 25,379 millones.
El presidente López Obrador ha reiterado su postura en contra de la subcontratación, considerándolo ilegal e inmoral. Aunque el decreto que reformó la Ley del Trabajo permite ciertos casos de subcontratación, el mandatario ha exhortado a las dependencias federales a no recurrir a esta práctica.
Entre los contratos otorgados en 2023, destacan algunos casos polémicos, como el contrato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con la empresa Vitalmex Internacional, SA de CV, por un monto de 2,318 millones de pesos para el Servicio Integral de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia.
Otro caso resaltante es el contrato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con la empresa Consultores Asociados en Protección Privada Empresarial, SA de CV, por 369 millones 749 mil pesos para servicios de seguridad y vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a pesar de que esta labor es responsabilidad de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
Estos casos ponen de manifiesto la persistencia del outsourcing en diversas áreas del gobierno federal, a pesar de las directrices del presidente y la legislación existente. La subcontratación parece continuar generando controversia y planteando interrogantes sobre su legalidad y ética en el ámbito público.
Por Ricardo Castañeda
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