Según datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los permisos extraordinarios de adquisición de armas de fuego, cartuchos o accesorios autorizados experimentaron un notable incremento del 151% entre los años 2022 y 2023. En 2022, la Sedena otorgó 6,655 permisos , cifra que se elevó a 16.691 en 2023.
Este aumento significativo se traduce en la autorización de 10,036 permisos adicionales en diversas modalidades como tiro deportivo, cinegéticas, protección a domicilio, protección a parcela, registro y colección, así como licencia particular individual.
Especialistas en seguridad como Juan Carlos Montero, del Tec de Monterrey, consideran este fenómeno como un debate de doble filo. Si bien refleja un incremento en la confianza de los ciudadanos hacia la institucionalidad al buscar armarse de manera legal, también evidencia una preocupación por la percepción de inseguridad que lleva a las personas a buscar medios de autodefensa.
Por su parte, Andrés Sumano, doctor en Política Pública, sugiere que el incremento en las solicitudes de licencias podría ser una respuesta a la falta de garantías en materia de seguridad por parte del Estado, especialmente en zonas rurales y carreteras, donde la violencia es más palpable.
Javier Ortiz Sullivan, consultor en proyectos tecnológicos de seguridad, destaca que este aumento refleja tanto el interés de la Sedena por ofrecer servicios de manera masiva como la creciente preocupación de los ciudadanos por protegerse frente a la delincuencia.
Sin embargo, este fenómeno también plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia en México. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece requisitos rigurosos para la obtención de licencias, pero el debate sobre su eficacia y la relación entre el aumento de armas y la seguridad ciudadana continúa abierto.
En un país donde la violencia y la inseguridad son desafíos persistentes, el incremento en los permisos de armas de fuego plantea preguntas importantes sobre cómo abordar de manera integral estos problemas y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Por Areli Rodríguez
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